El reclamo de la Provincia a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por una deuda de $500 millones encendió las alarmas en Lavalle y 9 de Julio. Ocurre que la gestión actual se anotició en los últimos meses sobre una obligación que tomó la administración anterior, en 2020. Al revisar los registros contables, surgieron más dudas que certezas, al punto que las autoridades profundizaron la investigación interna. Y el resultado fue una denuncia ante la Justicia penal por presunto fraude a la administración pública por $500 millones.

El caso salió a la luz durante la jornada de trabajo conjunto que realizaron los gabinetes del gobernador Osvaldo Jaldo y de la intendenta Rossana Chahla, el pasado lunes. Se supo que uno de los temas que se abordó en la Casa de Gobierno fue el caso que desde hace algunos meses se encuentra en manos del fiscal regional Fernando Blanno, según explicó a LA GACETA el fiscal municipal, Conrado Mosqueira.

Notificación

En noviembre de 2024, el apoderado del Municipio inició una denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, con el patrocinio del letrado Alfredo Falú. En el escrito se asentó que el 6 de agosto de 2024, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, cursó una nota dirigida a la intendenta para informarle de la deuda que mantiene el Municipio con la Provincia, a los fines de su regularización.

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El funcionario municipal mencionó que según el informe de Abad se asentó que a la Capital se le otorgaron aportes financieros reintegrables por $500 millones, en 2020, mediante los decretos N°947/3 y N°1.798/3, firmados por el entonces gobernador Juan Manzur, por $250 millones cada uno. Esta notificación disparó expedientes administrativos internos que, según la denuncia, arrojaron que la deuda se registró sólo por $250 millones, mediante dos transferencias de $125 millones cada una, ambas acreditadas en una cuenta oficializada del Municipio.

Ante la diferencia de $250 millones entre lo demandado y lo ingresado, en septiembre de 2024 se hizo un cruzamiento de datos con el Banco Macro, y surgió otra sorpresa: en la documentación que facilitó la entidad se conoció una cesiones de derechos sobre la Coparticipación Federal suscriptas por el intendente Germán Alfaro (N°310 y N°228), por un monto total de $500 millones. Según el escrito de Mosqueira, se constituyó así un formal reconocimiento de la deuda por dicho monto, contrario a los $250 millones registrados por la Municipalidad.

Profundización

Al requerir información a la entidad sobre las transferencias realizadas por la Provincia a la Intendencia, el fiscal municipal plasmó que de allí surge que, además de los $250 millones reintegrables, en la misma cuenta se depositaron aportes financieros no reintegrables por $250 millones, mediante dos desembolsos por $125 millones cada uno.

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De los decretos N°2.310, de 2020, y N°184, de 2021, sin embargo, surge que los fondos no reintegrables fueron por $500 millones. “Estaría faltando el ingreso en cuentas municipales registradas de otros $250 millones”, se notificó ante la Justicia.

Segunda cuenta

En la denuncia se desarrolló que por informe bancario se detectó que los $500 millones faltantes se depositaron en otra cuenta del Banco Macro, abierta a nombre de la Municipalidad, pero no registrada en el Municipio. Se indicó que ingresaron cuatro transferencias de $125 millones cada una, en fechas del 24 de junio, 15 de octubre y 10 de diciembre de 2020, y el 9 de febrero de 2021.

“De acuerdo a lo informado por Tesorería General de la Municipalidad, la cuenta bancaria nunca fue ingresada en los sistemas contables ni financieros de la Municipalidad”, se reportó en la denuncia. Y se añadió: “esto significa que desaparecieron $500 millones canalizados a través de la cuenta (…), que fue abierta el 3 de junio de 2020 y luego vaciada y cerrada, según el informe adjunto del Banco Macro del 11 de noviembre de 2024”.

El fiscal municipal indicó que del informe bancario surge que, por nota del entonces intendente Germán Enrique Alfaro, del 2 de junio de 2020, se abrió la cuenta no registrada en el Municipio. Se añadió que los firmantes conjuntos de la cuenta serían los entonces secretarios Luis Rodolfo Ocaranza (Gobierno) y Carlos Domingo Gómez (Economía y Hacienda).

En diálogo con este diario, Mosqueira aseguró que esos $500 millones representaban unos U$S 3,8 millones entre 2020 e inicios de 2021. Aseguró que la denuncia fue ratificada, pero que aparentemente no está teniendo movimiento. Debido a esto, anticipó que la Municipalidad analiza pasar de tener rol de denunciante al de querellante.

“Sin los avales”

Días atrás, el contador general de San Miguel de Tucumán, Marcelo Albaca, reconoció tras la reunión que la Provincia le está realizando descuentos a la Capital por una deuda que contrajo el Municipio durante la gestión de Alfaro. Ante consultas en LG PLAY, dijo que las deducciones mensuales tienen impacto, pero no a un nivel de desfinanciar las arcas municipales. “Estamos hablando de un financiamiento que ni siquiera cuenta con el aval del Concejo Deliberante, como lo exige la ley. Son cuestiones que tendrá que ver el Tribunal de Cuentas de la Provincia: por qué permitió que se efectivice y se materialice ese tipo de crédito sin contar con los avales correspondientes”, desarrolló.